Publicat originalment a Hemisferia.cat.
Guanyadora de l’accèssit de la modalitat de reportatge periodístic del Premi Sant Jordi de la UPF 2018.
Las banderas ondean en el centro de Temuco, Chile. Un grupo de niños corren arriba y abajo entre la multitud que se ha congregado en Plaza de Armas. Un poco más allá, un hombre joven se tapa la cara con un pañuelo de colores, símbolo de los pueblos originarios de América Latina. El 12 de octubre la comunidad mapuche reivindica la resistencia histórica contra la colonización; primero, del imperio español, y, después, de la república chilena. La voz de Violeta Parra se hace un hueco entre el ruido de cientos de personas.
Arauco tiene una pena
que no la puedo callar
son injusticias de siglos
que todos ven aplicar.
La manifestación es en la región de la Araucanía, en la ciudad de Temuco, históricamente el feudo del pueblo mapuche. Se encuentra al sur del río Bío-bío, una frontera que ha sido, desde 1550, una barrera natural contra el imperialismo occidental. Sin embargo actualmente sólo les pertenece un 5% de las tierras que formaban el Wallmapu -unos 100.000 km2-. Su batalla es, precisamente, la de la recuperación de las tierras ancestrales.
“Ahora nosotros tenemos que generar la noticia, mostrar la impunidad”, afirma Ada Huentecol, madre de Brandon Hernández, un joven que recibió un disparo por la espalda de un carabinero -policía militar chilena- en un proceso policial contra unas acciones violentas a una empresa forestal de la zona. Y es que una parte del movimiento de resistencia mapuche considera que la única salida a la discusión asimétrica con el estado chileno sobre el territorio es la violencia política como forma de lucha.
“El estado chileno se construyó ocupando militarmente los territorios mapuches y adhiriéndolos política y económicamente por la fuerza”
Este conflicto es una parte de la gran grieta que la sociedad chilena ha estado alimentando desde 1860 con la pacificación de la Araucanía, en la que se ocupó militarmente el territorio mapuche para adherirlo, política y económicamente, al estado. Este hecho generó choques con las comunidades originarias, y, después de muchas muertes, concluyó con la erradicación de pueblos enteros.
ACCIONES DE AUTODEFENSA O RESISTENCIA PACÍFICA
La organización más mediática que se dedica a la resistencia violenta es la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), que este año cumple dos décadas. Su primera acción fue en 1997 con la quema de camiones en terrenos de la empresa ‘Celulosa Arauco-Lautaro’. “La única forma que tenemos para que el gobierno nos escuche es con acciones de presión de este estilo”, explica Pablo Calfuqueo, un mapuche de la comunidad Llaguepulli. Sin embargo remarca que la CAM no es representativa de la lucha de resistencia ya que “el pueblo mapuche somos un pueblo pacífico”.
Esta organización propone unos métodos de acción para la recuperación de las tierras ancestrales que se basan en la lucha antisistema, anticolonial y revolucionaria. “Se trata de recuperar el territorio a la propiedad privada, una propiedad privada que sustenta el sistema de relaciones económicas construido sobre la usurpación del Wallmapu” asegura Francisca, una chica joven presente en la manifestación.
“También llevamos a cabo acciones de autodefensa, que se plantean como acciones comunitarias para hacer frente a la acción violenta del Estado”, añade ella. Las llamadas acciones de resistencia son, en su mayoría, acciones incendiarias que están orientadas a la destrucción de maquinaria, infraestructuras y transportes de propietarios privados y empresas forestales. Estos mecanismos, que el estado tacha de ilegales y terroristas, han generado polémica dentro y fuera del movimiento, pero se consolidan en el imaginario colectivo mapuche como vía de protesta y resistencia frente a la injusticia.
Millacura: “Por primera vez nuestro pueblo [mapuche] no ve en el estado un interlocutor válido, por eso actúa sobre el margen”
Sin embargo algunas comunidades consideran que esta lucha puede darse desde muchos otros flancos y rechazan de lleno la violencia y la acción directa. Este es el caso de Papai, una señora mapuche propietaria de un bar en el puerto colonial de Puerto Saavedra. “Nuestro pueblo no tiene los mecanismos para expresar sus inquietudes” es por eso que un sector de la comunidad ha encontrado en organizaciones como la CAM un forma de hacerse oír. “Sin embargo, la política debe construirse desde la paz y la empatía”.
Según Claudio Millacura, doctor en Pueblos Originarios por la Universidad de Chile, “la particularidad de estas asociaciones es que nuestro pueblo, por primera vez, no ve en el Estado un interlocutor válido. Por eso actúa al margen de cualquier iniciativa que provenga de este”. El conflicto se aborda desde diversas vertientes, y no hay un consenso general. La usurpación de tierras comenzó siendo violenta y cambiar esto es un gran reto para el sector social que busca un trato pacífico con el gobierno.
Arauco tiene una pena
más negra que su chamal
ya no son los españoles
los que les hacen llorar
hoy son los propios chilenos
los que les quitan su pan.
MILITARIZACIÓN Y VIOLENCIA ESTATAL
Para llegar a la comunidad de Llaguepulli, hogar de Pablo Calfuqueo, se debe seguir una ruta hasta que el asfalto se pierde y el camino se vuelve casi intransitable. El estado de alerta en el que viven las comunidades mapuche desde la militarización de que está siendo víctima la región de la Araucanía hace difícil el acceso a sus habitantes. “Las fuerzas de seguridad entran en nuestro país en busca de supuestas pruebas para condenar a hermanos como autores de acciones violentas” explica Calfuqueo. Sin embargo, muchas veces las condenas terminan en la absolución de los acusados después de unos meses en prisión preventiva.
Este es el caso de Brandon Hernández. La pancarta que encabeza la manifestación de este año en Temuco habla de él. Su situación, sin embargo, no es aislada. El pasado 4 de octubre, cuatro mapuches abandonaron la huelga de hambre que hacía 114 días que mantenían. El motivo de estas reivindicaciones es la de rebelarse contra la prisión preventiva que permite la Ley Antiterrorista. El expresidente por el Partido Conservador Sebastián Piñera la aprobó en 2010. Esta legislación permite juzgar a las personas según una ley extraordinaria en la que son válidos los testigos sin rostro y se basa en la supresión de las garantías procesales.
“La Ley Antiterrorista es un instrumento legal. El tema es que la aplicación de esta ley en el pueblo mapuche, según las recomendaciones de organismos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no corresponde a nuestro caso. Es un contexto de demanda social. El estado utiliza una herramienta equivocada para controlar las demandas indígenas, en parte por ignorancia y en parte por el racismo de quien conforma estas instituciones”, explica Millacura.
Millacura: “La ley antiterrorista es un instrumento legal, pero emplearla contra el pueblo mapuche es un error motivado por la ignorancia y el racismo”
La gran petición del pueblo es actualmente la liberación de más de una decena de mapuches que se encuentran detenidos por su supuesta responsabilidad en varios atentados que se han llevado a cabo este año contra camiones, templos religiosos y propiedades privadas en la zona de la Araucanía. Todos han sido juzgados bajo esta Ley Antiterrorista.
LA RECUPERACIÓN DE LAS TIERRAS Y LA ‘LEY INDIGENA’
Uno de los pilares fundamentales de la demanda mapuche es la ampliación de la llamada Ley Indígena. Tras la dictadura, los candidatos a la presidencia para la reinstauración de la democracia acordaron que las comunidades mapuche obtuvieran un reconocimiento constitucional y de derechos económicos, sociales y culturales. También se aceptó la creación de una entidad publica -la CONADI– encargada de la recuperación de tierras para entregarlas, nuevamente, a la comunidad mapuche.
En el programa de restitución de tierras, el Estado dispone de fondos para comprar terrenos y entregarlos a los mapuche. Este proceso, sin embargo, está marcado actualmente por polémicas que van desde definir qué comunidad se beneficia de los terrenos hasta el boom de precios y la especulación inmobiliaria que se ha dado en la zona en disputa desde que el Estado se convirtió en parte compradora.
Además, “esta ley no incluyó las tierras con significación simbólica o espiritual” explica Calfuqueo. Sólo tuvo en cuenta los llamados Títulos de Merced, un tipo de propiedad que fue concedida a la comunidad mapuche tras la usurpación de tierras durante la pacificación de la Araucanía. “Esto responde al artículo 20 letra B de la Ley Indígena. Esta legislación se elaboró de acuerdo con reuniones con las comunidades indígenas en 1989, y quedó plasmado en el Acuerdo de Nueva Imperial“, explica Luís Fuentes, miembro de la CONADI. “Todo lo decidimos a partir del consenso”.
Sin embargo, Papai no está de acuerdo. “El gran problema es que las leyes se hacen desde Santiago. Muy pocas personas nos preguntan qué queremos o necesitamos en la Araucanía” comenta. Además, las empresas forestales que explotan actualmente la zona talan los bosques originarios y replantan la zona con vegetación externa como pinos o eucaliptos, de crecimiento rápido. “Utilizan pesticidas, contaminan nuestra tierra“, se queja. La represión no sólo es política, también es económica, social y medioambiental.
Y mientras Temuco se moviliza con una pancarta de “Libertad para Brandon”, un vapor blanco, denso, comienza a emanar de unas botellas grises que han caído cerca de un grupo de personas. Empiezan a correr. Se trata de gas lacrimógeno, que, con las mangueras de agua a presión, ya son dos formas imprescindibles de represión en cualquier manifestación social en Chile. Todo el mundo acaba dispersándose de forma violenta. La comunidad mapuche no tiene lugar en el sueño de la nación única.
Ya rugen las votaciones
se escuchan por no dejar
pero el quejido del indio
¿por que no se escuchará?
Cristina Gironès 